A dos años del 2° juicio oral, el caso Manta es el segundo juicio que aborda la violencia sexual durante conflicto armado interno como crimen de lesa humanidad después de Sepur Zarco, en Guatemala.
Por Jhoselyn Acosta
“Ya estamos viejas y enfermas, queremos que termine”, dice T.A.B. en un grito urgente por justicia que no ha perdido vigencia a dos años del segundo juicio oral. La violencia sexual marca un antes y un después en las víctimas. La vida no continúa como si nada cuando se tiene el alma fragmentada, en trozos que no logran conectar por ausencia de justicia. T.A.B. es una de las nueve víctimas que hoy continúa luchando en el proceso legal del caso Manta, el segundo juicio en Latinoamérica donde se aborda la violencia sexual durante conflicto armado interno como crimen de lesa humanidad.
“Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa porque somos campesinas, quechuablantes no nos hacen caso… los militares nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas” dice M.A.B. quién fue agredida sexualmente cuando era muy joven y cuyo proyecto de vida, quedó suspendido por las marcas de abuso.
En su momento denunciar era una utopía. Tenían miedo de solo ver las armas e imaginar las muertes y desapariciones que ejercían los integrantes de ejército. No existía autoridad a la que pudieran acudir por auxilio. “El daño sufrido ha obligado a las víctimas a crecer y continuar sus vidas con secuelas como la desconfianza, el estado de alerta, dolor físico y sufrimiento emocional. Recibiendo la indiferencia e indolencia del Estado todos estos años”, explica Adriana Fernández, psicóloga de Demus.
Ellas saben que volver a narrar lo que les sucedió es revivir, volver a sentir en sus cuerpos los episodios de violencia cuando tenían entre 13 y 16 años. Pero también saben que no es justo quedarse con el dolor, que para reconstruirse merecen ser escuchadas. Utilizar la verdad como su única arma de batalla para recuperar la memoria de esta etapa tan violenta y dolorosa de la historia peruana.
¿Cuál es la verdad?
Hace casi cuarenta años (1984), cuando el Perú estaba acorralado por el grupo terrorista Sendero Luminoso, el ejército peruano situó una de sus bases militares en el distrito de Manta, Huancavelica. Una región pobre que fue duramente azotada por el terrorismo. Los miembros del ejército llegaron a Manta para imponer “orden en nombre de la patria”.
“Me empezó a decir perra, ahora si vas a hablar terruca… empecé a llorar y gritar… ese primer militar me violó. El segundo militar entró, me ha cortado con cuchillo que lo tengo todavía y él también me ha violado”, señala uno de los testimonios recogido por la CVR en un registro que evidencia la violencia sexual sistemática en más de 5000 mujeres violadas durante el conflicto armado interno. Donde el 83% de los perpetradores pertenecieron a las Fuerzas Armadas.
Los militares usaron su poder para amedrentar a los habitantes de Manta y probar que ellos eran más fuertes que el terrorismo. Con torturas, violación y otras formas de violencia sexual, convirtieron los cuerpos de las entonces niñas y adolescentes, en campo de guerra. Sumergiéndolas en la peor pesadilla que hoy solo puede ser destruida con la verdad, su verdad.
¿Se puede celebrar un bicentenario sin justicia para las mujeres?
A pocos meses de cumplir 200 años de independencia y, a dos años del 2° juicio oral del caso Manta, las víctimas continúan firmes en un proceso desgastante que, durante el primer juicio oral, las revictimizó a través de estereotipos de género, vulnerando su derecho a la imparcialidad y limitando el derecho a la prueba de contexto histórico. Tal y como lo reconoce la Corte Suprema al conceder la recusación interpuesta por las y los abogados de las mujeres.
Dejar de luchar no es una opción, si dejan de hacerlo quedarían como mentirosas y no lo son. La violencia sexual sistemática y/o generalizada en el Perú existió. “Nosotras estamos diciendo la verdad. ¿Porque pueden creerles más a ellos que a nosotras, porque han sido parte de las fuerzas armadas?” repite M.A.E. para defender su inocencia.
Actualmente el 2° juicio oral se encuentra recogiendo los testimonios de testigxs, incluyendo a las víctimas, quienes fueron testigas del control y poder absoluto que tenían los militares en Manta. Desde Demus, la abogada Rossy Salazar señala que “es indispensable que la Sala Penal Nacional respete las condiciones mínimas establecidas a nivel nacional e internacional de no revictimización tal como lo señaló la Corte Suprema para que este juicio respete los derechos humanos de las mujeres.”
La vida de las nueve denunciantes, solo podrá ser reparada con verdad y justicia. Cuando las atrocidades cometidas por el Ejército queden registradas en la memoria peruana y su verdad permita que la historia no se vuelva a repetir.
Foto de portada: DEMUS. Performance de violaciones y pedido de justicia de las mujeres en Manta, Hunacavelica.
Jhoselyn Acosta es activista feminista, licenciada en periodismo y actual comunicadora en la ONG Demus.
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