Son 25 años y continúa la espera de un juicio para las mujeres esterilizadas contra su voluntad

Por La Madre

La crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19 nos afecta a todas, pero sobre todo a aquellas comunidades que ya eran vulnerables. Las mujeres esterilizadas contra su voluntad durante el gobierno de Fujimori en la década del noventa, acarrean problemas de salud desde entonces, problemas desatendidos que en el contexto actual las sitúa en un lugar de mayor vulnerabilidad mientras luchan por iniciar el juicio que tanto esperan. El 11 de enero de 2021 será la esperada audiencia en donde se sustentarán los cargos al expresidente Alberto Fujimori, sus ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y demás responsables del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar – PNSRPF (1996-2000). En esa audiencia se decidirá si se da apertura a la ansiada investigación judicial o no, condición previa y necesaria para un posible juicio. En La Madre, estaremos atentas y vigilantes. 

En plena pandemia y crisis política, continúa la espera de un juicio para las mujeres esterilizadas contra su voluntad

Son 25 años desde las primeras denuncias, más de 8 mil casos registrados por el Estado peruano en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas – REVIESFO a la fecha, miles de denuncias más apiladas en el Ministerio Público y cientos de miles de personas más afectadas. En concreto, 272 mil mujeres y 22 mil varones fueron esterilizados contra su voluntad entre 1996 y 2000, aunque hubo consecuencias hasta el año 2001. El PNSPRF fue drástico y sistemático al aplicar las metas y cuotas, y en general no garantizó el consentimiento informado. Así, es fácil perder la cuenta.

Este año hemos aprendido eso, que es fácil perder la cuenta de los días en confinamiento, del número de infectados de COVID-19, de las camas que se necesitan en los hospitales. También es fácil perder la cuenta, después de décadas, del número de informes sobre las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en el Perú hace ya más de dos décadas, denuncias, archivamientos, reaperturas del caso. En la audiencia del próximo 11 de enero se sustentarán los cargos contra el expresidente Alberto Fujimori, sus ministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Yong Motta y otros implicados. 

A estas alturas de 2020 sabemos que la pandemia COVID-19 y la crisis derivada de ella y de las medidas tomadas para combatirla sitúan especialmente a las poblaciones que habitan los márgenes en un lugar de mayor vulnerabilidad. Aquellos grupos de pacientes que necesitan tratamientos de larga duración, como las personas que viven con VIH o cáncer, han visto cómo sus terapias han cambiado o desaparecido debido al desabastecimiento de medicamentos y el colapso de los servicios hospitalarios. Por ejemplo, para el mes de agosto, ya se estimaba que, “los focos más altos de tuberculosis en el país coinciden con las zonas más afectadas por la Covid-19 en Perú, son los distritos más pobres”. 

Las mujeres esterilizadas no son una excepción. Por falta de atención médica, falta de apoyo económico, falta de acceso a la justicia y la exacerbación de violencia doméstica, su situación ha empeorado durante la pandemia. Las personas registradas en el REVIESFO tienen el derecho a atención especializadas por el Sistema Integral de Salud (SIS). Sin embargo, la mayoría no han podido acceder a estas atenciones. De una parte, los servidores de salud de los hospitales del SIS no han sido capacitadas en la ley, de otra, los mismos doctores o enfermeras que esterilizaron a las personas afectadas siguen trabajando en los centros de salud. Esto también revela que los mismos derechos humanos de las mujeres esterilizadas que están siendo violentados dentro del panorama de la pandemia operan dentro de los mismos parámetros que justificaron su esterilización sin consentimiento previo en la década del 90: ser mujeres descendientes de pueblos originarios, rurales y pobres. Para cambiar la situación de las mujeres que fueron esterilizadas, es necesario apoyar cambios estructurales a través de la defensa y la materialización de las garantías de los derechos humanos. Estos cambios podrían lograr que la categoría de ser mujer indígena no sea una de vulnerabilidad. 

Aún en esta profunda crisis sanitaria, económica y social, las mujeres afectadas por la esterilización forzosa siguen en la lucha. La Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por la Esterilización Forzada (AMPAEF) acaba de presentar su caso frente a la comisión de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer – CEDAW, en un esfuerzo para atraer más atención internacional. Sin embargo, el caso enfrenta severos obstáculos, que no solo tienen su causa en la pandemia:

  1. La audiencia del caso se ha retrasado, puesto que esta debió darse en el mes de marzo, mes en el que inicia el confinamiento; 
  2. El bono económico repartido por el Estado en el contexto del covid-19 no ha llegado por las afectadas, quienes han denunciado estos hechos; 
  3. El Congreso de la Nación no llegó a aprobar la inclusión de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas dentro el Programa Integral de Reparación, propuesta que se presentó en el Pleno Mujer en setiembre de este año; 
  4. Se estableció un grupo de trabajo en el Ministerio de Justicia, en el que no se ha incluido la participación de las afectadas; 
  5. La primera exposición fotográfica sobre el tema titulada Ikumi, que en un principio debió exponerse un mínimo de 2 meses, solo se expuso 10 días en el Lugar de la Memoria.

Por todo ello se hace un pedido explícito a las autoridades de cumplir con sus responsabilidades y llevar un proceso que siga el debido proceso para llegar a la justicia. Además, recordar que es nuestro deber como sociedad mantener viva la memoria de nuestra historia y apoyar a que las voces de las mujeres que fueron esterilizadas en contra de su voluntad sean escuchadas.


El proyecto LA MADRE está integrado por un equipo de investigación multidisciplinario reunido para explorar el caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas en la década del 90 en el Perú, durante el régimen autocrático del expresidente Alberto Fujimori, con el fin de identificar los vacíos e inconsistencias de la versión establecida de los hechos y contribuir a su esclarecimiento como un necesario ejercicio de memoria. Sus actuales integrantes son: Arely Amaut, Alejandra Ballón, Marieliv Flores, Ana Muñoz, Natalia Sánchez, Lucía Isabel Stavig e Inés Ruiz.

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Publicado por speakup3106

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