Por Claudia Cisneros Méndez
Sí, el ejército tenía el riesgoso trabajo de enfrentar a los terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA durante la lucha antiterrorista (1980 y 2000), y seguramente muchos hicieron ese trabajo lo mejor que pudieron, pero hubo muchos, demasiados militares que cometieron atrocidades con la población civil. Asesinatos y violaciones. Y por ello deben pagar.
“Cuando me desperté me dolía todo. Mi cabeza me dolía. Me dolía mi cuerpo, me dolía mi parte íntima, adelante y atrás. Estaba desnuda. Entró un soldado al lugar donde estaba y le pregunté: ¿qué ha pasado? El soldado me dijo: ¿Eres o te haces? Todos los soldados han pasado por ti.”
“Entraron tres y me violaron. Les pedí que me mataran: quítenme la vida, les suplicaba. Ellos decían que me gustaba. Les pedía que me dejaran salir. Empecé a gritar.” (testimonios rcogidos por la CVR, publicados por Alejandra Baluarte en Somos Periodismo)
No hay justificación posible para haber violado [1]sistemáticamente a niñas y mujeres. Se hizo en las localidades más pobres y desprotegidas del Perú y bajo la coartada de que estaban librando una guerra contra el terror. El terror también lo cometieron ellos, los militares violadores, con adolescentes campesinas inocentes que vivieron una pesadilla sin salida durante todos los años en que las bases militares contrasubversivas se asentaron en sus poblados y en que bajo pretexto de la lucha armada las violaron una y otra vez, de la forma más violenta, abusiva y cruel.
“Lo que nos ha ocurrido a nosotras parece que ya es pasado, que no les importa; porque somos campesinas quechuablantes no nos hacen caso. Esas personas, los militares, nos han hecho daño. Nosotras éramos indefensas. Yo quiero que ellos reconozcan su delito y digan que nunca más van a volver a hacer”, le dijo M.A.B. a Mariela Jara de IPS noticias en junio último.
M.A.B. es una de las miles de mujeres que cuando niñas o adolescentes fueron brutalmente violadas por militares durante el conflicto armado. El registro que se tiene es de más de 6,000 mujeres y adolescentes violadas. La Comisión de la Verdad (CVR) recogió 538 testimonios de los cuales en el 83% de los casos las violaciones las cometieron agentes del Estado. El 11% los terroristas.
M.A.B. – con sus iniciales porque así lo prefiere- es una de las mujeres de Manta, una localidad rural de Huancavelica, históricamente de las regiones más pobres del Perú y con mayor población quechuablante. En Manta y en Vilca, donde ocurrieron estas violaciones, se instalaron bases militares permanentes para luchar contra el terrorismo; y fueron los militares de esas bases los que violaron de forma sistemática a estas adolescentes de entonces entre 13 y 16 años.
Han pasado 30 años nueve de estas mujeres que prosiguieron en la ruta judicial siguen siendo maltratadas por el Estado que las violó mediante sus militares, siguen siendo maltratadas porque el proceso juidicial que se sigue contra estos militares ha estado plagado de reveses y demoras. Además porque durante años el Ministerio del Interior se negó a dar los nombres de los militares que solo usaban seudónimos en sus bases por seguridad. Recién en el 2016 se pudo judicializar y denunciar a 13 exmilitares por violencia sexual. Pero ese proceso también se frustró por irregularidades y uno nuevo recién empezó en [2]marzo de 2019.
“Ya estamos viejas y enfermas, queremos que ya termine. Queremos que nos reconozcan que desde niñas indefensas hemos sufrido ante personas que eran de las fuerzas armadas. Por el atropello que hemos tenido no hemos podido hacer bien nuestras vidas”, le dice T.A.B., otra víctima, a IPS noticias.
Estas niñas-adolescentes tuvieron que vivir 20 años con el trauma de las violaciones de las que fueron vícitmas en sus propias localidades para recién poder contar públicamente sus expriencias ante la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR, 2001-2003).
Escrito así no parece gran cosa, pero cualquiera que ha sido víctima, conoce o trabaja con víctimas, sabe que vivir un solo día con ese trauma a cuestas es insoportable. Hay que imaginar lo que es vivir con ello durante décadas. Porque contrario a lo que piensan muchos, estos traumas no desaparecen ni amainan con el tiempo. Son heridas que constantemente recuerdan el dolor, el sufrimiento, la impotencia que se sufrió en ese momento y que tienen secuelas emocionales y físicas de diversa índole.
“Una de ellas pasó 20 años teniendo que dejar la luz o el televisor prendidos cada noche, por el miedo que la inundaba y que no la dejaba apenas dormir’, apunta IPS noticias.
Algunas de ellas también tuvieron embarazos no deseados producto de esas violaciones, lo que las hizo triplemente víctimas: además de la violación, el verse obligadas a asumir una maternidad producto de una violación y también porque fueron estigmatizadas en sus propios entornos familares y sociales.
Es muy complicado, y más aún si se toma en cuenta que estas niñas-adolescentes violentadas por los militares tuvieron que crecer con sus heridas y traumas sin ningún acompañamiento psicológico o ayuda profesional emocional, porque el Estado jamás se ocupó de ellas.
Estamos en el 2020, treinta, TREINTA años después y ellas aún no pueden cerrar el círculo de esta atrocidad cometida y recometida por el Estado, que continúa agrediéndolas con la demora del procesamiento de los 13 militares denunciados. Este año, las 9 mujeres que comprenden esta denuncia civil piden que las audiencias públicas sean transmitadas a través del canal de Justicia TV y sus redes sociales.
Estas transmisiones respetarán la reserva de la identidad de las 9 mujeres denunciantes. La Sala ha mandado un oficio a Justicia TV y se está a la espera de la respuesta para que todxs podamos ver las transmisiones. Para muchas de ellas es reparador que se escuche y que sepa quiénes las violentaron. Ellas quieren #QueLaVerdadSeSepa, que lxs peruanxs sepan lo que ellas han pasado y sufrido todos estos años y quiénes son los responsables.
Y así debería ser tratándose de un caso emblemático de Derechos Humanos en la región. «Este es el segundo juicio en Latinoamérica donde se está abordando la violación durante el conflicto armado interno (CAI) como crimen de lesa humanidad. El primero es Sapur Zarco de Guatemala», comentó para FemLATAM Emilia Salazar de la ONG Demus, que acompaña a las víctimas desde hace años.
Cada día que pasa sin que estas mujeres peruanas sean reparadas es un día de limbo en sus vidas, de revictimización porque no solo son recordadas de la violencia originaria de este proceso sino de la que cada día ejerce el Estado que las ignora, dilata el proceso, y las aleja de la justicia que merecen.
Esto solo añade a su dolor, a su carga y a la injusticia para ellas y para todas las mujeres como sujetos de violencia sexual masculina. Ya es tiempo de que estos 13 exmilitares denunciados sean sentenciados:
Sabino Valentín Ruti, Arturo Simarra García, Raúl Pinto Ramos, Dionisio Alvaro Pérez, Rufino Rivera, Epifanio Quiñones Loyola y Amador Gutiérrez, Pedro Pérez López, Martín Sierra, Vicente Gabriel Carrasco Vásquez, Yance Callahuacho, Julio Meza García, Diómedes Gutiérrez Herrera y Lorenzo Inga Romero.
Actualmente el juicio se encuentra en la etapa de interrogatorio a los inculpados. Luego será la intervención de las testigos y peritos expertas y finalmenete el testimonio de las mujeres. La siguiente audiencia está programa para el 13 de octubre , 2020 a las 9 a.m. a través de Google Meets debido a la pandemia. Si te interesa presenciar la audiencia puedes escribir a la sala para solicitar acceso a mesadepartessalasuperior@gmail.com mencionando el Caso/Expediente 899-20070-50001-JR-PE-04.
Otra forma de apoyar a las mujeres s estar atentxs a lo que pasa en las audiencias, informarse y presionar públicamente por un juicio ágil, justo y transparente porque han pasado más de tres décadas y esta letanía es inaceptable. De momento, presionar para que el juicio sea transmitido en Justicia TV (el canal del Poder Judicial peruano) y seguir las redes sociales de DEMUS, Ideele y Trenzar. Aquí puedes escribir a Justicia TV.
[1] CVR: ‘Se tiene evidencias que le permiten concluir que la violencia sexual fue una práctica generalizada y subrepticiamente tolerada pero en ciertos casos abiertamente permitida por los superiores inmediatos, en determinados ámbitos. Tuvo lugar en el desarrollo de incursiones militares pero también en el interior de ciertos establecimientos del Ejército y de las Fuerzas Policiales. Esta práctica generalizada, sin embargo, puede haber alcanzado en determinadas provincias de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac un carácter sistemático vinculado a la represión de la subversión.” (Mercedes Crisóstomo Meza, Mujeres y fuerzas armadas en un contexto de violencia política: los casos de Manta y Vilca en Huancavelica, Documento de trabajo N° 210, IEP, 2015 en http://www.noticiasser.pe/opinion/un-estado-no-viola )
[2] Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado con sede en Lima.
[3] El tribunal que ve el caso Manta y Vilca la Primera Sala Penal Superior Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado, con sede en Lima está conformado por los jueces René Martínez Castro, Edhin Campos Barranzuela y Jhonny Contreras Cuzcano – (ni una mujer).
Foto portada: Paula Escribens/DEMUS
SOBRE LA AUTORA
Claudia Cisneros Méndez – Periodista y comunicadora con estudios de mujer, sexualidad y género. TW
femlatam.org 